Por Jesús López-Medel Báscones, abogado del Estado y ex Presidente de la Comisión de Políticas Integrales para las personas con Discapacidad del Congreso de los Diputados
Uno de los elementos que permiten valorar que una ley, además de dar respuesta a los problemas y necesidades de la sociedad, constituye un factor de progreso, es, sin duda, la protección que otorgue a sectores vulnerables.
Uno de los ámbitos donde más se ha avanzado tanto a nivel social como legislativo es el reconocimiento de derechos de las personas con discapacidad.
La evolución propia terminología respecto de estos sujetos de derechos lo evidencia. Así, la Constitución de 1978 se refiere a ellos como "disminuidos", posteriormente aparece la de "minusválidos", posteriormente "discapacitados" y actualmente se emplea el de "personas con discapacidad". Como sabemos, el lenguaje jurídico no es aséptico ni neutral y la evolución sobre este concepto lo evidencia.
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